Esta Asociación acudió ante la Sala Constitucional, esta semana, con el propósito de impugnar la rebaja al presupuesto ordinario 2023 que se le ha destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP).
Según el artículo 78 de la Constitución Política, «en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del Producto Interno Bruto», situación que no se cumple desde el 2021.
Para Ana Doris González, quien es la presidente del sindicato asegura que en este 2023, el MEP contará con un presupuesto de menos del 6% del PIB. Durante el 2021, fue de 6,9%, y el año anterior fue del 6,4%.
Así mismo Marvin Padilla, quien es secretario general de esta asociación asegura que no se puede subestimar ni dejarse al margen, ya que tiene implicaciones muy graves dentro del sistema, como es en este caso el mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura.
Es importante indicar que esta es la segunda vez que APSE acude ante la justicia constitucional por el incumplimiento en el presupuesto correspondiente al sector educación.