Hay un Proyecto de Ley que propone castigar a los acosadores telefónicos con tres años de cárcel por asuntos de acoso telefónico a deudores, esta iniciativa pretende llevar al ámbito penal este tipo de conductas y además restringir la forma en que empresas pueden contactar a las personas.
Esta propuesta es tramitada bajo el expediente 23.927 y fue presentada esta semana por la diputada de Nueva República, Gloria Navas. Navas argumenta: “Ya existen sanciones con la legislación actual, pero el tema es ser más estrictos con los hechos de coacción y ese acoso e insistencia, donde llaman a hogares, oficinas, familiares y se convierte en una persecución indebida que produce incluso daño moral.
Como ya es cocido, en la actualidad, las personas que se sientan víctimas de acoso telefónico por temas de deudas pueden recurrir a la Sala Constitucional o al Ministerio de Economía para presentar su denuncia. Y con esta propuesta que esta en discusión, se crearía un régimen sancionatorio penal que protege no solo a los deudores sino también a sus familiares. Así mismo la propuesta prohíbe realizar llamadas fuera de horario de oficina; las llamadas excesivas en un mismo día o un periodo corto de tiempo; contactar a terceros sin consentimiento; amenazar con acciones ilegales falsas o revelar información del deudor, o su proceso, a terceros. Es importante indicar que también se prohibirían las presiones, intimidaciones o cobros mediante engaños a personas mayores de 65 años, o presionar emocional o psicológicamente al deudor o sus familiares.
La legisladora de Nueva República, Navas aseguró que si bien entiende que la privación de libertad es el castigo máximo en la legislación costarricense, esta es necesaria como una “amenaza” ante el acoso telefónico y sus consecuencias.
Por su parte el BCR y el BAC ambas instituciones bancarias se negaron a confirmar si entregaron esos datos, Por su parte el Banco Popular aceptó a inicios de semana que si entregó datos personales da sus clientes, pero luego dijo que no se referiría más al caso.
Finalmente, el proyecto también establece castigos administrativos por la tenencia, uso no consentido y traslado de información sensible de los deudores.