El cual podría dar financiamiento para renovación urbana y en la regularización de asentamientos informales.
Este financiamiento se daría a través de organizaciones sin fines de lucro.
La iniciativa propone un cambio en la ley para que esa entidad también pueda dar financiamiento en temas de renovación urbana y regularización de asentamientos informales, tareas que hoy no puede asumir.
Según información del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), basada en datos del Censo del INEC (2010), existen 50 asentamientos informales en el país (19 en la provincia de San José, 7 en Limón, 7 en Cartago, 6 en Guanacaste, 5 en Puntarenas, 4 en Heredia y 2 en Alajuela) y la población estimada que vive en estos lugares es de 228 036 personas (5.3% de la población total).
La reforma también permitiría que el BANHVI gestione proyectos de índole comunitario como banco de segundo piso, es decir, que no gestiona sus créditos directamente con los usuarios o las familias, sino que las transferencias son realizadas mediante otras instituciones financieras intermediarias denominadas Entidades Autorizadas u otras entidades sin fines de lucro, siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Junta Directiva del Banco.
Por su parte Sofía Guillén la diputada del FA. Argumentó que al BANHVI se le debe dotar de garantía jurídica para operar en aras de la renovación urbana de estas comunidades, para alcanzar la transformación y el desarrollo de sus espacios públicos, infraestructura y servicios urbanos.”
Finalmente se sabe que el objetivo de esta iniciativa de ley es cumplir con el artículo 65 de la Constitución Política que establece a la vivienda como un derecho humano fundamental, derecho que aún se le sigue negando a miles de costarricenses.