Nacional

La Defensoría advierte que la escalada desproporcional de precios, en un país en recesión económica desde antes de la pandemia, afecta los intereses de toda la población, los costos de producción de los sectores económicos, pero, sobre todo, acentúa las desigualdades sociales en perjuicio de las personas más vulnerables, ubicadas en pobreza y pobreza extrema.

La Defensoría hace un vehemente llamado al Presidente de la República y al Consejo de Gobierno para que en su condición de AUTORIDADES CON PODER DE NOMBRAMIENTO del Regulador y de la Junta Directiva de la ARESEP, velen para que ésta entidad regulatoria varíe la fórmula por medio de la cual se fija el precio de los combustibles en el país, a efectos de que abandone la utilización del promedio internacional de precios (que se emplea actualmente) para usar en su lugar el costo real del producto adquirido por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y así se abarate el precio del combustible en favor del usuario final.

Asimismo, la Defensoría solicitó información acerca de cómo se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa de los consumidores, previo a la aprobación de los precios finales, con relación a los ajustes automáticos de precios de los combustibles; especialmente en el contexto actual de las audiencias públicas virtuales, ante los problemas de acceso y brecha digital, especialmente en comunidades indígenas, costeras, fronterizas y rurales.

Otro punto de fricción entre la Defensora y la ARESEP se ha dado a partir de que el ente defensor acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, para que se ordenara a la ARESEP, dictar el acto final y definitivo de la propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles.

La acción judicial de la Defensoría se dio en razón de que la ARESEP no ha resuelto la gestión planteada por este ente defensor y demás interesados, ante la audiencia pública convocada por la Autoridad Reguladora para exponer “La propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”.

Cabe destacar que el Tribunal Contencioso dio trámite al amparo de legalidad de la Defensoría y dio un plazo de 15 días hábiles para que la Aresep resuelva el reclamo presentado por este ente defensor; tiempo que está por vencer.

La Defensoría de los Habitantes criticó el sétimo aumento, en lo que va del año, en el precio de los combustibles aprobado por la ARESEP. En esta ocasión se trató de una propuesta del sector de estaciones de servicio de combustible, que aumentó el precio del litro de combustible en ¢4,34 colones, bajo el argumento de haber sufrido afectaciones por la pandemia; sin embargo, la Defensoría cuestionó que esas mismas afectaciones también las sufrieron las personas usuarias, por lo tanto, gestionó ante la ARESEP la no aprobación del aumento, que finalmente fue acordado.

La Defensoría cuestionó qué, si bien las ventas de las estaciones bajaron, también es cierto que se redujeron diversos costos y gastos asociados; de manera que, el perjuicio sufrido por las estaciones de servicio era menor que el estimado en la propuesta y aun así fue aprobado. Razón por la cual la Defensoría presentará el día de hoy un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra de medida a través de la cual se decretó el sétimo aumento de precios en lo que va del 2021.
La Defensoría también demanda al Presidente de la República y al Consejo de Gobierno, en su condición de JUNTA DE ACCIONISTAS DE RECOPE, la implementación de cambios que permitan que los precios internos de los combustibles cumplan con el principio de servicio al costo -establecido en la Ley 7593- lo cual haría que los precios internos de los combustibles sufran una sensible rebaja en favor de las personas y sus condiciones de vida.

La Defensoría ha cuestionado que el Consejo de Gobierno, por Ley, sea la Junta de Accionistas de RECOPE y la entidad que nombra a los miembros de su Junta Directiva; simultaneando tales funciones con la de nombrar al Regulador General y Junta Directiva de ARESEP, que es la entidad encargada de valorar, con objetividad e imparcialidad, las solicitudes de RECOPE para fijar el precio de venta de los combustibles en el mercado nacional, lo cual convierte al Consejo de Gobierno en “Juez y Parte” de este proceso; y, hasta ahora, tales funciones contradictorias se han traducido en una ola de aumentos incontenibles desde esas instancias en perjuicio de las y los Habitantes. “Costa Rica viene enfrentando una recesión económica que se agudizó con el impacto de la pandemia; y seguimos esperando que las autoridades competentes impulsen acciones que permitan una baja en el precio de los combustibles, que tanto necesita nuestro país, para que a través de su reactivación económica, se logre construir prosperidad en favor de las personas”, manifestó Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes